La transición hacia una gestión del agua más sostenible y equitativa requiere una transformación profunda en las políticas públicas. Para que los sistemas de regadío puedan cumplir funciones productivas, ecológicas, sociales y culturales, es necesario que el marco normativo y las estrategias institucionales reconozcan y valoren esta multifuncionalidad.
Una primera propuesta consiste en la reforma de las normativas de agua, de modo que se incorporen, explícitamente, los valores múltiples que los sistemas de regadío históricos aportan al territorio. Esto implica superar la visión exclusivamente productivista y considerar aspectos como la recarga de acuíferos, la conservación de paisajes culturales, la biodiversidad asociada y la cohesión social. Reconocer legalmente estas funciones permitiría proteger y fomentar prácticas que hoy quedan fuera de los criterios convencionales de eficiencia.
En paralelo, es fundamental establecer incentivos para aquellas prácticas agrícolas que contribuyen al mantenimiento de servicios ecosistémicos. Esto puede incluir ayudas económicas, acceso preferente a recursos, certificaciones ambientales o compensaciones por servicios de interés público. De este modo, se reconoce el valor de prácticas como el riego por inundación controlada, que generan beneficios más allá de la producción directa.
Otro eje clave es el desarrollo de programas de formación que integren el conocimiento tradicional con la innovación tecnológica. La capacitación de agricultores, técnicos y gestores debe incluir tanto herramientas modernas como el saber local acumulado durante generaciones. Esta integración permite construir soluciones adaptadas, resilientes y culturalmente pertinentes, fortaleciendo la autonomía de los territorios y la sostenibilidad de los sistemas.
Finalmente, se propone la protección del patrimonio hidráulico histórico con un enfoque funcional y no exclusivamente museístico. Las acequias, norias, azudes y otros elementos del regadío tradicional no deben ser vistos solo como vestigios del pasado, sino como infraestructuras vivas que pueden seguir cumpliendo funciones clave en la gestión del agua. Su conservación debe ir acompañada de estrategias que permitan su uso activo, su mantenimiento comunitario y su adaptación a los desafíos contemporáneos.