A pesar de los importantes acuerdos alcanzados en las diferentes COP, principalmente la COP 25 (París, 2015) para frenar el cambio climático, los resultados obtenidos hasta el momento, puestos de manifiesto en la COP-26 (Glasgow, 2021) y COP-27 (Sharm el Sheikh, Egipto, 2022), muestran que los compromisos no son suficientes para lograr que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los 2ºC en este siglo. La comunidad internacional está comprometida con la realización de nuevos esfuerzos hacia esa meta, en el entendimiento de que, en el largo plazo, el coste de no actuar frente al cambio climático supera con mucho los costes de la transición hacia una economía sostenible, aunque estos sean elevados de manera más inmediata. Los objetivos de la UE en relación con el cambio climático (incorporados en la Ley Europea del Clima e implementados a través de diversos paquetes de medidas, como las del Objetivo 55) son ambiciosos, y han ayudado a generar un corpus legislativo y a desplegar una serie de políticas que están siendo pioneras en muchos aspectos. De esta manera, la UE se ha posicionado como un actor fundamental para lograr los objetivos suscritos a escala global.
La eficiencia energética y la combinación de fuentes de energía son objetivos importantes de estas políticas para desvincular el crecimiento económico y el consumo de energía. A la par, la cantidad y la calidad de la inversión —y de la financiación necesaria para llevarla a cabo— son fundamentales para hacer compatibles la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo. En este contexto, el conflicto de Ucrania y sus implicaciones para los mercados de energía, y más en general para la evolución de las distintas economías, introducen un elemento adicional de incertidumbre, que puede frenar los avances frente al cambio climático (si se incrementan mucho los costes de la transición o se pone en riesgo el necesario consenso internacional para una acción coordinada).
No obstante, también puede ser un factor de impulso, al hacer más competitivas las energías renovables en relación con los combustibles fósiles. La UE es consciente de que es necesario embarcar a las sociedades en la lucha contra el cambio climático, así como encontrar un ritmo de consecución de los objetivos climáticos que haga asumible su coste en términos sociales y económicos en el corto y el medio plazo, introduciendo elementos de compensación cuando sea preciso. Uno de los mayores riesgos que pueden derivarse del conflicto en Ucrania es, precisamente, el incremento de estos costes sociales y económicos en el corto plazo. La cooperación internacional es un elemento necesario para abordar el reto climático. A escala global, la cooperación ha avanzado, impulsada por la COP y el G-20, y por los organismos internacionales que actúan en torno a su liderazgo. En particular, el FMI incluye ya aspectos relacionados con el cambio climático en sus análisis, recomendaciones y políticas. En este contexto, el papel de la UE es clave, con su ambicioso compromiso con la reducción de emisiones de GEI. Además, la UE está preparando nuevos compromisos en áreas ambientales, sociales y de gobernanza y está firmemente comprometida con la transición climática en países de renta media y baja. En febrero de 2024, el Parlamento aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza 11, con la que se velará por restaurar al menos el 30% de las zonas terrestres y marinas de la Unión de aquí a 2030 y el 90% de todos los ecosistemas que necesitan restauración de aquí a 2050. La ley está actualmente a la espera de que se someta a votaión en el Consejo. Todo ello contribuiría a reforzar y mantener el liderazgo internacional de la UE en la transición climática global. 12